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Rajoy propone cesar al gobierno catalán, que rechaza la "humillación"
Rajoy propone cesar al gobierno catalán, que rechaza la "humillación"

Por Carlos Ruano, Julien Toyer y Sam Edwards

MADRID/BARCELONA (Reuters) - Las tensiones entre los gobiernos español y catalán se recrudecieron el sábado después de que el presidente de la Generalitat calificase de "humillación ilegal" la pretensión del gobierno central de cesar al ejecutivo regional al completo y tomar el control de su parlamento.

Ante la amenaza de que el Parlament catalán acabe votando una declaración unilateral de independencia, Mariano Rajoy optó por una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución previsto para el supuesto de que una comunidad no cumpla sus obligaciones o las leyes y dijo que convocará elecciones regionales antes de seis meses.

Rajoy aseguró que se ha visto "obligado" a aplicar las medidas "en contra de nuestro deseo e intención" para restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar los servicios y la actividad económica y preservar los derechos de los ciudadanos.

La intervención, que cuenta con el respaldo de PSOE y Ciudadanos - junto con el gobernante Partido Popular suman 254 de los 350 diputados de la Cámara Baja nacional -, habrá de ser refrendada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Por boca de su presidente, Carles Puigdemont, el gobierno catalán dijo que no tolerará un "ataque" que calificó de ilegal y convocó de urgencia al Parlament para dar una respuesta al "ataque".

Rajoy, que aseguró que las medidas - que la presidenta de la cámara catalana calificó de "golpe de estado"-, son "transitorias y de aplicación gradual".

"No suponen una intervención de la autonomía", dijo Rajoy tras explicar que los distintos ministerios nacionales asumirán las competencias del gobierno cesado, incluyendo policía regional, telecomunicaciones o medios públicos mientras que el Estado blindará con derecho de veto la cámara regional.

"El gobierno español se ha autoproclamado de manera ilegitima representante de la voluntad de los catalanes", dijo Puigdemont tras calificar las medidas como "el peor ataque a las instituciones y pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco".


PLAZOS Y ESCENARIOS

"El artículo 155 solo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba", dijo Rajoy preguntado sobre la eventualidad de que el presidente catalán llamase elecciones antes de ser inhabilitado.

El Senado acordó el sábado agilizar los trámites de aplicación de las medidas, que se aprobarán previsiblemente el próximo viernes, fecha hasta la cual se mantendrá el actual estatus de la comunidad, que ya tiene intervenidos los pagos.

Aunque Rajoy tiene un plazo de seis meses para convocar las elecciones en Cataluña, aseguró que espera limitar el plazo - Ciudadanos y el PSOE hablan de finales de enero - y establecer la cita cuando se recupere "la normalidad institucional".

Pero la convocatoria del pleno que pretende Puigdemont mientras conserva su cargo puede modificar el panorama. Hasta la aprobación en el Senado, el presidente catalán todavía tiene la potestad de disolver las cortes y convocar elecciones, lo que podría desactivar las medidas.

Pero también podría forzar una votación para la declaración formal de independencia y pretender que los comicios sean de carácter "constituyente", lo que complicaría de nuevo el debate.

En 2015 la región ya celebró unos comicios regionales que su gobierno defendió como "plebiscitarios" pese a que el Ejecutivo central y la oposición en bloque rechazaron este carácter.


¿MIEDO O RESPONSABILIDAD?

"El único temor que se puede tener en una situación como ésta es no cumplir con tu obligación", dijo Rajoy preguntado sobre si temía que la decisión provocase un aumento de las ya importantes protestas en la región.

La eventual implementación de las medidas, entre las que se incluyen posibles sanciones y responsabilidades a los funcionarios que desobedezcan órdenes, plantea interrogantes, teniendo en cuenta los llamamientos a la desobediencia por parte de sectores del independentismo en caso de intervención estatal.

Rajoy destacó la grave repercusión económica de las pretensiones independentistas, asegurando que una hipotética independencia "empobrecería" la economía regional entre un 25 y un 30 por ciento.

Tras lamentar datos la fuga de "más de 1.000 empresas" de la región, "la desincentivación de la inversión" y la "desmotivación del turismo", dijo que las medidas de excepción permitirán recuperar la normalidad y pidió que cesen los cambios de sedes y fugas de depósitos.


CRÍTICAS Y MOVILIZACIONES

Unidos Podemos, la tercera fuerza política nacional pisando los talones por la izquierda al PSOE - cuyo líder dijo que no tenía "ninguna" discrepancia con Rajoy sobre la integridad territorial -, criticó duramente al gobierno y al PSOE.

"Estamos en shock por la suspensión de la democracia y la autonomía en Catalunya", dijo el responsable de organización de Podemos, Pablo Echenique.

En Barcelona se sucedían las críticas: "¡Intervenidos pero nunca vencidos! Unidad popular para la República ahora. Ni un paso atrás #SinMiedo", decía en su cuenta de twitter la CUP, organización anticapitalista que sostiene al gobierno catalán.

Mientras, en el centro de la Ciudad Condal Puigdemont y su gobierno participaban en una multitudinaria protesta donde decenas de miles de personas clamaban por la libertad de los dos líderes de organizaciones sociales independentistas en prisión preventiva acusados de sedición.

"Libertad para presos políticos" o "Defender la tierra no es ningún delito" eran algunos de las proclamas de una marcha en la que la palabra "República" era de las más repetidas.

"No se solucionará nada aplicando el artículo este. No podrán callar a la mitad de Catalunya que está de acuerdo con la independencia y la gran parte que está a favor al derecho a decidir", dijo Abel Fernández, empleado de reformas con una bandera de la república catalana atada al cuello.

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